Propuesta de trabajo
federal para el
federal para el
Plan Nacional de
DERECHOS
DERECHOS
HUMANOS,
Bandera Conflicto Malvinas –
Resistencia, Pcia. Chaco.
Publicado por Mesa en Noticias
Antes de explayarnos en lo concreto de nuestra problemática en relación a los DERECHOS HUMANOS, queremos dejar perfectamente sentado que aplaudimos esta iniciativa del Gobierno Nacional, tendiente a la discusión federal de los Derechos Humanos, y con el fin de propender a un Plan Nacional a aplicar específicamente por Estado, en su carácter de garante, promotor y motivador de los mismos en nuestra sociedad.
Para ella nuestras felicitaciones por tan digna iniciativa, y hacemos votos para que este ideario no se malogre en los vericuetos legislativos o administrativos, trampas siempre presentes en nuestra realidad histórica.
El presente trabajo es el resultado de una extensa reflexión sobre el sentido de los DERECHOS HUMANOS y su alcance, motivado por la larga lucha en el reconocimiento de auténticos derechos por parte de aquellos que fuimos violenta e inconsultamente arrojados a una guerra suicida y sin sentido, por un gobierno nacional, conductor del Estado en ese entonces, denominado eufemísticamente como de “facto”, que violó y vituperó nuestros derechos, nuestra dignidad, nuestra integridad sicofísica, nuestra moral y nuestro futuro, sin que hasta la fecha recibieran su castigo y ni siquiera fueran llevados a juicio.
Memoria, Verdad y Justicia reza el segundo núcleo de ideas del Plan Nacional de Derechos Humanos, y sin embargo se nos siguen negando sistemáticamente estos derechos por parte de una dirigencia política incapaz de ver más allá de sus necesidades personales o circunstancias de momento. Y en ello englobamos absolutamente a todos aquellos que tuvieron la responsabilidad en la conducción del Estado desde que advino la democracia hacia 1983.
Si en algo duele el reconocimiento ausente de la patria, también duelen las comparaciones, y lo cierto es que la Memoria, la Verdad y la Justicia pregonada sólo es hasta ahora para la clase política, que eso sí, injusta y criminalmente fue también ella exterminada en el silencio de las cárceles clandestinas, cuando no ultimadas públicamente bajo pueriles excusas de enfrentamientos guerrilleros.
Pero la clase política que otrora sufriera persecuciones, destierros, encarcelamientos y muertes, tiene hoy voz para hacerse escuchar y el Estado provee a la materialización efectiva de ésa tan ansiada Memoria, Verdad y Justicia, con derecho a la reparación incluido y a la difusión de su Verdad.
Pero así como la clase política fue en su momento salvajemente violada en sus derechos fundamentales, también una generación de jóvenes, sin distinción de banderías políticas, por el simple hecho de pertenecer a las clases 1962 y 1963, aunque no excluidos otros, fue objeto de vejámenes y torturas, y peor aún, se agitó delante de ellos el fantasma temido de un cierto patriotismo utópico que solamente existía en sus corazones y que los movilizó en defensa de su argentinidad, pero que resultaba mero interés personal en seguir en el poder por parte de sus organizadores.
Y así fueron violentamente expulsados de sus hogares que tranquilamente compartían con sus seres queridos, llevados a los campos de batalla sin explicación ni preparación, bajo la amenaza constante del temible Código de Justicia Militar, el cual preveía aún la pena de muerte para determinados delitos, cuestión ésta que había sido ya erradicada de nuestro sistema jurídico y prohibido por Pactos Internacionales.
Y a diferencia de otros sectores que fueron total y absolutamente “reparados” en su integridad por las injusticias cometidas bajo aquél régimen, solamente una pequeña porción de los que fueron convocados y movilizados por el Conflicto Militar con la Gran Bretaña por la recuperación de nuestras Islas Malvinas, recibieron algún tipo de reconocimiento y reparación por los Derechos Humanos de los que fueron privados sistemáticamente.
Y aquí, en nuestro caso, a cerca de treinta años de tan flagrante violación de derechos, ya en plena democracia y con un largo camino recorrido de regularidad institucional, aún esperamos que la mentada Memoria, Verdad y Justicia sean una realidad, por lo menos para éste sector.
Aún esperamos una investigación histórica y oficial sobre la verdadera historia de la Guerra de Malvinas, que nos indique quienes son los culpables de tamaño desacierto, porqué fuimos enviados a la muerte sin preparación ni medios. Aún esperamos un justo juicio para quienes consideramos culpables de tales actos. Aún esperamos el acceso irrestricto a la información y su posterior difusión de los archivos sobre la guerra. Queremos saber bajo qué circunstancias murieron tantos amigos, familiares, conocidos. Aún esperamos que aquellos que por ventura del destino no fueron llevados a las Islas Malvinas, pero sí convocados y/o movilizados sean también considerados como veteranos de guerra, tal como lo establecen los Pactos Internacionales, como los Protocolos de Ginebra para la Guerra. Aún esperamos para ellos el reconocimiento histórico y moral de parte del Estado Nacional, que bajo la figura de la continuidad jurídica, los mandara a un verdadero genocidio de inoperancia, oportunismo y facilismo que lo caracterizó en aquel entonces. Aún esperamos la mentada “reparación” que nos habla el Plan Nacional de Derechos Humanos. Aún esperamos una asistencia especializada en materia de salud para aquellos que no soportaron la angustia y la tensión de su participación en el Conflicto, pero como no son considerados como veteranos, encuentran solamente la indiferencia e indiferenciación de parte del Estado.
Hemos examinado detenidamente la propuesta de trabajo del Plan Nacional, y encontramos en los dos núcleos conceptuales propuestos, puntos de coincidencia que resultan necesario trabajar en relación con el conjunto poblacional diferenciado que representan los convocados y/o Movilizados del conflicto Malvinas, bajo los ejes de igualdad sin discriminación, de garantía de acceso a los derechos, y de inclusión social.
Si bien podría pensarse que bajo el núcleo de Memoria, Verdad y Justicia, con el consiguiente derecho a la reparación podríamos encontrar la totalidad de respuestas a la problemática compleja planteada por los Convocados y/o Movilizados de Malvinas, ello es así sólo en apariencia.
En efecto, el núcleo principal está representado en realidad por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Plan, siendo el núcleo restante la puerta de entrada o antesala de la verdadera reparación de nuestros Derechos Humanos conculcados por ya casi treinta años de desinterés y desidia.
Vamos a tratar de insertar un programa con Objetivos Específicos y un Compromiso de Acción que tienda a solucionar un grave problema de nuestra realidad.
Para ello vamos a advertir sobre la complejidad del fenómeno, que no describiremos en su extensión, atento el breve espacio disponible, y a fin de no fatigar con extensas lecturas.
Lo que no podemos dejar de remarcar, en relación a nuestra situación, son los siguientes datos que servirán de guía de análisis, pero que repetimos, no pretenden ser un panorama completo ni menos aún profundo.
Todos saben que en 1982, la situación de la Junta Militar gobernante en el país, y por ende de los grupos privilegiados y hegemónicos (internos y externos) que lo sustentaban, se encontraban en una constante crisis no resuelta que auguraba un próximo fin a su estado del terror.
Ante dicha situación se recurrió al viejo expediente, ya ensayado tímidamente con Chile, de la Guerra Exterior. Y resultó ser que el único punto no resuelto en materia de relaciones exteriores con que se contaba en dicho momento, y con entidad suficiente como para motivarla suficientemente, era la reivindicación de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
Y allí dirigieron las débiles mentes gobernantes sus acciones.
También todos tienen idea de lo que aconteció. Le regalamos a una grisácea y triste Margaret Tacher la posibilidad de reiterar su mandato a través de una agresión externa, lo que demostró que para sus fines maquiavélicos, la Junta Militar no estaba tan equivocada, sólo que fue tan abrumadoramente inoperante, que todo salió catastróficamente mal.
Y como siempre, los que pagaron las culpas ajenas fueron los sectores de menores recursos, que proveyeron a las Fuerzas Armadas de importantes números de combatientes, que en masa enviaron a las Malvinas, al sur Patagónico o encerraron en los cuartes a la espera de su turno para ser inmolados en el Altar de la Patria.
De esta forma, miles de jóvenes argentinos, sin tener parte en la causa, la mayoría de ellos pertenecientes a las clases 1962 y 1963, fueron convocados primeramente a los cuarteles, o ya se encontraban cumpliendo con el servicio militar obligatorio, o acababan de ser licenciados y luego fueron nuevamente convocados, fueron utilizados para las más variadas tareas de apoyo logístico, provisión de insumos bélicos y todo lo que es parte de una guerra.
Una parte de ellos fue llevada las Islas Malvinas –principalmente- y allí entraron en combate, según los lugares en que se encontraban destacados. De más está decir que las acciones bélicas que se desarrollaron en las Islas, salvo honrosas excepciones que dignifican a quienes creían en la justicia de la empresa, y también de las que desempeñara la Fuerza Aérea por todos conocidas, fueron un verdadero caos, motivado por la falta de preparación de los combatientes, lo que convierte a sus jefes en verdaderos criminales de guerra. Así también todo el aspecto logístico de su estancia en Malvinas fue un desastre organizativo, caracterizado por la improvisación y la inoperancia de quienes tenían la obligación de conducir y de conducirse profesionalmente. Salvo las honrosas excepciones que son dignas de relevar pero que no cabe aquí explayar.
La Nación Argentina a reconocido como héroes nacionales solamente a aquellos que fueron movilizados hasta las Islas Malvinas (incluidas las restantes islas del Atlántico Sur como las Giorgias), o que entraron efectivamente en combate sin haber estado en Malvinas, y eventualmente a quienes fallecieron en circunstancias todavía no muy bien aclaradas en pleno territorio continental.
Y del resto nada. Como si la guerra pudiera hacerse sólo con el soldado de trinchera, bajo el supuesto que éste tiene absolutamente todo lo necesario para el combate.
Bajo tales premisas podemos caer en el error de considerar sólo veterano a aquel que demuestre haber disparado un tiro hacia el enemigo.
De dicho reconocimiento ha quedado un vasto grupo de argentinos que también contribuyeron al esfuerzo bélico en forma directa, y que de acuerdo a los estándares internacionales, y sus protocolos de guerra como los de Ginebra, deben ser considerados combatientes y por ende veteranos.
Así lo dice claramente el art. 43, Sección II del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, que conceptúa como Fuerzas Armadas a los grupos y unidades armados y organizados, colocados bajo un mando responsable, por lo que ellos son combatientes, es decir, tienen derecho a participar directamente en las hostilidades.
Nosotros agregamos que también les cabe la obligación, porque sino nuestro Código de Justicia Militar los sancionaba hasta con la pena de muerte.
Para ello deberá tenerse presente, tanto el Decreto Nacional Nº 999/82 que establece la plena vigencia del Código de Justicia Militar en el territorio nacional durante el Conflicto con Gran Bretaña, como asimismo el Decreto Nacional del 5 de Abril de 1982, convocando a la Clase 1962 que fuera recientemente licenciada.
Luego vino la rendición y la caída del gobierno militar, con el consiguiente incremento de la presencia inglesa en las Islas, ya que nuestra inconducta la convirtió en una cuestión nacional, y por otro lado la comunidad internacional, ha ido declinando en su apoyo a la causa. Por supuesto que no somos tan ingenuos como para no ver en ello un incremento de la política exterior de Gran Bretaña y su aliado EEUU, pero ello ya no es materia de este trabajo.
Con el advenimiento de la democracia se pensó en una investigación exhaustiva del conflicto, tanto en su aspecto militar, político, económico, jurídico y humano, pero ello nunca llegó.
El acceso a las fuentes de información aún permanecen cerrados a la investigación, y aún cuando hay declamaciones de apertura, estas son más formales que reales, ya que en definitiva, los archivos clasificados siguen cerrados.
La justicia, entendida en su concepto más primitivo y básico de enmienda de los errores ajenos que dañan a terceros, aún tiene una materia pendiente de la cual ni siquiera se habla, como si no hubiera responsables, como si nadie hubiera muerto, o como dijo cierto personaje en su momento: si total muere más gente en la Panamericana durante un año que los que cayeron en Malvinas (la frase es libre, no textual).
Como se observa, los corolarios de Memoria, Verdad y Justicia no están cumplidos aún.
Lo realmente cierto es que a pesar del tiempo transcurrido, las peticiones efectuadas, los convocados y/o movilizados durante el conflicto Malvinas que no estuvieron en las Islas Malvinas o no entraron efectivamente en combate, no han recibido el reconocimiento, ni siquiera moral de parte del Estado Argentino.
El reconocimiento moral e histórico es un paso trascendental hacia la dignificación humana de quienes fueron obligados a luchar por lo que creyeron era una causa nacional, aunque solo fuera el mero interés del grupo gobernante por perpetuarse en el poder. Y en ello existe un déficit institucional injustificado.
Si fuimos capaces de propiciar una guerra, luego no nos hagamos los desentendidos con aquellos que fueron obligados a movilizarse por su causa. Reconozcamos que también ellos contribuyeron al esfuerzo bélico.
De todos modos, el reconocimiento moral e histórico es parte de este derecho a la reparación que nos habla hoy nuestra Presidente, y no dudamos de sus mejores buenas intenciones, pero tal vez debamos mostrarle la justicia que encierra este reconocimiento.
Y en tal sentido se han pronunciado tanto los dictámenes del INADI como del Defensor del Pueblo de la Nación, a los cuales nos remitimos brevitatis causae.
Y tal como se dijera en dichos informes, no es un beneficio otorgado por la Nación, ni una gracia de parte de la misma, sino un verdadero derecho, incluído actualmente en el núcleo de premisas conceptuales sobre Memoria, Verdad y Justicia, a través de su derecho a la reparación.
Lo cual también nos acerca al reconocimiento material que debe estar presente, y allí insistimos también, es un derecho, no un beneficio.
Por otra parte, en dicho reconocimiento material no pretende buscarse una equiparación con aquellos que han combatido realmente, sino que en forma diferenciada se pretende que se reconozca el sacrificio compartido en el esfuerzo bélico.
Por otra parte, ya en el primero núcleo conceptual, el derecho a la integración social se ve impedido por la inexistencia de políticas concretas que traten de cubrir un déficit social real en este grupo humano que participara en su medida de la gesta de Malvinas.
Desde un básico derecho a la salud diferencial, ya que muchos no han podido superar el stress bélico originado por la tensión del acuartelamiento o de su movilización, lo que los ha puesto en situación de discriminación y marginación, pasando por el relevamiento de sus condiciones habitacionales, económicas y sociales, pasando por una cuestión tan simple como el derecho a saber cuántos y quienes somos.
Todo ello implica una verdadera política de defensa de los DERECHOS HUMANOS, y que hoy ponemos a consideración del Foro Federal de Discusión del Plan Nacional de Derechos Humanos propuesto por nuestra presidente, Cristina Fernández de Kirchner.
Terminamos nuestra breve alocución con una frase oportuna del Dr. Eduardo Vior, estudioso especialista en Derechos Humanos, en relación a este tema, como contribución a su entendimiento:
“La experiencia cotidiana nos enseña que son pocas las personas que están en condiciones de ponerse de acuerdo con otras sobre reglas de cooperación inter- e intracultural de un modo autónomo, consciente, equilibrado y con objetivos claros. Para conducir dicho proceso por caminos seguros, hemos establecido en los últimos cuatro millones de años algunos principios que organizaron el acuerdo a través de las culturas y para cuya transgresión prevemos sanciones. La tarea de los mismos es aportar a los constantemente renovados procesos de acuerdo civilizatorio sistemas simbólicos, valores y normas capaces de asegurar la supervivencia en común. Hoy en día llamamos a esos principios los Derechos Humanos.” ¿Cambia la visión de los Derechos Humanos de una cultura a otra? por Eduardo J. Vior Dr. en Ciencia Política (UBA). Publicado en: FEPAI / Celina Lértora Mendoza (coord.) (2007), Evolución de las ideas filosóficas: 1980-2005, Eds. FEPAI, Buenos Aires.
